Chile avanza aceleradamente para posicionarse como un actor relevante en la producción y exportación de hidrógeno verde. La discusión ya no se limita al potencial renovable ni a la competitividad teórica del recurso: hoy la pregunta clave es cómo diseñar la infraestructura que sostendrá el desarrollo real de esta industria emergente. En ese escenario, un tema adquiere centralidad estratégica: ¿pueden los proyectos compartir infraestructura para reducir costos, evitar impactos acumulativos y acelerar la materialización de inversiones?

Esa interrogante guio el estudio elaborado por un equipo académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) en colaboración con la Embajada del Reino de los Países Bajos, en el marco del programa PIB Corredor de Energía Verde Chile–Países Bajos. La investigación, liderada por Joris van de Klundert junto a César Cerda, Pablo García Silva, Tito Homem de Mello, Macarena Larraín y Juan Miguieles, examinó tanto la evidencia internacional como el escenario chileno a partir de entrevistas con actores de la industria, organismos públicos, expertos extranjeros y análisis cuantitativos para los polos de Magallanes y Antofagasta.

Los resultados preliminares fueron presentados en la sede Vitacura de la Universidad Adolfo Ibáñez ante representantes del mundo público, privado y académico. Entre ellos, el Embajador Adjunto de los Países Bajos, René Borghouts; el decano de la Escuela de Negocios, Juan Carlos Jobet; y la directora del Centro de Futuros Empresariales, Magdalena Aninat.

Durante el encuentro, Juan Carlos Jobet subrayó la urgencia de examinar rigurosamente las posibilidades de infraestructura compartida:
“Avanzar al menos a agotar las instancias para explotar la infraestructura compartida es una buena manera de mostrar compromiso con tratar de desarrollar industria, minimizando su impacto ambiental también. Así que creo que es muy importante y me alegro que la escuela y sus profesores hayan dedicado tiempo y esfuerzo a tratar de resolverlo.”

La perspectiva neerlandesa añade un matiz fundamental. Países Bajos, y especialmente el Puerto de Rotterdam, opera desde hace décadas en un modelo donde compartir infraestructura no es una teoría ni un desafío político, sino una práctica cotidiana. En palabras de René Borghouts: “Como una persona que nació y fue criada en Rotterdam, la infraestructura compartida es algo de lo cual ni siquiera pienso, la doy por sentada como algo natural. Considerando las grandes ventajas que tiene, ojalá que para los actores del ecosistema en Chile también la vean como algo lógico para que la industria pueda salir adelante.”

Para el ecosistema holandés, la colaboración logística, portuaria, energética y territorial es la columna vertebral que permite escalar industrias sin replicar inversiones ni multiplicar impactos ambientales. Y es justamente ese prisma el que se busca introducir en Chile.

El análisis identifica beneficios evidentes en compartir infraestructura crítica —como puertos, corredores eléctricos, ductos y sistemas de almacenamiento— generando economías de escala, reduciendo inversiones duplicadas y aumentando la eficiencia territorial. Sin embargo, la investigación también muestra que los proyectos chilenos suelen considerar ciertos procesos como “core business”, lo que explica su preferencia por modelos integrados que reduzcan riesgos regulatorios y de inversión. Esto incluye la generación eléctrica, los electrolizadores y la síntesis de derivados como amoníaco o metanol.

Un aporte novedoso del estudio es la integración de una evaluación de sostenibilidad ambiental absoluta (AESA), que permite analizar si la suma de infraestructuras —particularmente puertos y ductos— podría superar los límites planetarios aplicados a las regiones de Magallanes y Antofagasta. La conclusión es contundente: cada proyecto, individualmente, puede ser sostenible; pero la acumulación de varios podría exceder la capacidad ambiental regional, reforzando la necesidad de planificación coordinada.

El estudio también destaca que, si cada productor construera su propio puerto en Magallanes, la utilización sería baja y los impactos ambientales significativamente mayores. En contraste, un puerto compartido permitiría reducir costos y minimizar presión sobre ecosistemas frágiles. Pero surge un riesgo: si ese puerto compartido se retrasa o no se construye, todos los proyectos dependerían de un cuello de botella ajeno a su control.

Es justamente esta tensión —entre eficiencia colectiva y riesgo individual— la que define el corazón del dilema chileno.

En una exclusiva entrevista con H2News, Joris van de Klundert explicó que este tipo de desafíos no es inédito en la historia industrial. En proyectos de Captura y Almacenamiento de Carbono en Bélgica, Alemania y Países Bajos, por ejemplo, se ha utilizado la Teoría de Juegos Cooperativos para diseñar estructuras de gobernanza que alineen incentivos entre actores distintos. Asimismo, industrias maduras como la petroquímica, el gas natural, los clusters logísticos y los hubs portuarios ofrecen ejemplos robustos sobre modelos de coordinación, gestión de capacidad, reparto de riesgos y financiamiento colaborativo.

Van de Klundert enfatiza que la clave no es solo qué infraestructura se comparte, sino cómo se diseña la gobernanza que organiza a los actores. La coordinación temprana, explicó, no solo anticipa cuellos de botella, sino que también permite que los proyectos accedan a financiamiento con mejor perfil de riesgo.

El equipo de Impact Hydrogen —que ha trabajado en modelos de Valles de Hidrógeno Sostenibles en distintos países— aportó una reflexión crítica sobre el rol de la coordinación institucional. Según Nienke Homan, CEO, y Agustina Ravotti, asesora técnica de hidrógeno, “este estudio marca un hito importante al poner sobre la mesa la necesidad de infraestructura compartida y su impacto económico y socioambiental.”

Esto pone de relieve algo esencial: en Chile aún no existe un mecanismo estable que articule las decisiones de múltiples proyectos que avanzan en paralelo, especialmente en Magallanes.

La discusión también ha prendido una alerta sobre el marco ambiental. Alexandra Belaunde, Sales Director Chile–Perú de Arcadis, destaca que la conversación supera ampliamente el interés privado. “El estudio es una excelente iniciativa para poner esta temática en un alto nivel de discusión, y no sólo para la empresa privada, sino que nos llama a una reflexión más profunda respecto a nuestra posición como país, y qué tan habilitador o no, es nuestro sistema de evaluación ambiental y legislación para fomentar la infraestructura compartida,” manifestó.

Este punto es central: el SEIA no está diseñado actualmente para evaluar proyectos coordinados desde una mirada sistémica. La infraestructura compartida requerirá herramientas regulatorias que hoy aún no existen.

La transición energética ofrece una ventana histórica. Tal como sostiene van de Klundert, los momentos de cambio estructural abren oportunidades únicas para los países capaces de anticiparse, coordinarse y capturar valor antes que sus competidores. Y en el caso del hidrógeno verde, Chile posee una ventaja comparativa extraordinaria, pero no automática.

El diseño de infraestructura compartida será uno de los factores que determinará si esta industria despega con rapidez, con impacto territorial controlado y con una cadena de valor que aporte riqueza al país; o si, por el contrario, se fragmenta en múltiples iniciativas que compiten entre sí, presionan al territorio y elevan innecesariamente los costos.

El estudio conjunto entre la UAI y la Embajada de los Países Bajos aporta un marco técnico, analítico y estratégico para orientar esta discusión hacia soluciones reales. Las propuestas finales se conocerán en los próximos meses, pero desde ya trazan una hoja de ruta en la que la gobernanza, la planificación y la coordinación temprana dejan de ser recomendaciones y pasan a ser requisitos.

Chile está frente a una oportunidad histórica. La pregunta ya no es si hay que coordinarse, sino cómo y cuándo comenzar a hacerlo.